La Comisión de Derechos y Garantías de Diputados de la Legislatura provincial ha tomado medidas significativas en relación con el creciente conflicto entre el gigante vitivinícola Fecovita y un grupo empresario español. Con dos pedidos de informe dirigidos a los juzgados concursales 2 y 3 de Mendoza, dos más a las fiscalías de instrucción 7 y 8, y otros dos divididos entre el Banco Central y el Banco Nación, la comisión se adentra en un litigio judicial de gran importancia que ha llegado al punto de solicitar la quiebra del conglomerado de cooperativas mendocinas.
El conflicto, que en un principio se mantuvo en el ámbito judicial, ha escalado a niveles políticos debido a su trascendencia y las implicaciones económicas en juego. A pesar de esto, hasta la fecha de ayer, ningún frente político, partido o líder destacado había hecho declaraciones públicas al respecto. Todo cambió cuando la Comisión de Derechos y Garantías decidió involucrarse.
Según fuentes cercanas, semanas atrás, la Gobernación pudo haber intervenido en una gestión con el Banco Nación para desbloquear un trámite de financiamiento ordinario a favor de Fecovita, que se había visto afectado por el pedido de quiebra en los juzgados concursales.
La disputa entre las compañías comenzó a mediados de 2020 cuando Exportadora Vitivinícola Española (Evisa), un grupo empresario español, alegó pagos supuestamente no realizados por parte de Fecovita. La empresa mendocina niega vehementemente estas acusaciones y, en cambio, afirma que son los españoles quienes no cumplieron con sus compromisos de envíos a Europa y Europa del Este.
En respuesta al pedido de quiebra por parte del grupo español, la dirección de Fecovita ha presentado denuncias contra dos figuras clave detrás de esta maniobra: el ciudadano español Juan José Retamero Gómez y Guillermo García, excontador mendocino que lideró el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) entre 2008 y 2016. Ambos ocupan cargos ejecutivos en las sociedades que solicitan la quiebra: Iberte SRO y Evisa. Fecovita sostiene que estos grupos han llevado a cabo una campaña planificada de desestabilización en su contra, que incluye acciones extorsivas ante las cooperativas socias, sus representantes y las autoridades nacionales.
Esta situación ha derivado en la venta de la participación de Fecovita en Evisa en 2022 y en la ruptura de su relación comercial con Iberte.
Los pedidos de informes emitidos por la Comisión de Derechos y Garantías fueron firmados por todos los legisladores miembros de la comisión, a excepción de Emanuel Fugazzotto, quien estuvo ausente en la reunión. Fecovita afirma que el pedido de quiebra se basa en una coacción para obtener un crédito que nunca fue real, ya que, según la empresa, es acreedora de Iberte y Evisa según sus estados contables y certificaciones de auditores.
En algunos círculos políticos críticos, no se descarta la posibilidad de maniobras interesadas para perjudicar a Fecovita, lo que podría dejar a un solo grupo económico dominando la industria vitivinícola del país, apuntando directamente al Grupo Peñaflor. Actualmente, Fecovita alberga a aproximadamente 5.000 productores y casi una treintena de cooperativas en todo el territorio. La resolución de este conflicto tendrá un impacto significativo en la economía de la región y en la competitividad del sector vitivinícola argentino.
(Con información de Diario El Sol)
