El bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) buscará un acuerdo con los bloques de la oposición para realizar el próximo miércoles una sesión con temas consensuados entre las bancadas parlamentarias, entre ellos, los proyectos de producción orgánica, violencia digital, créditos UVA y regularización de deudas de municipios con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).
El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo que está «trabajando para que haya sesión el 5 de julio», al ser consultado por los periodistas luego de firmar el «Compromiso para combatir la Desinformación» en las redes sociales y medios digitales para las elecciones de este año propuesto por la Cámara Electoral.
El oficialismo quiere acordar con Juntos por el Cambio (JXC), el Interbloque Federal, Provincias Unidas y la Izquierda para tratar las iniciativas que tuvieron consenso y cuyos dictámenes fueron firmados por la mayoría de los legisladores.
El objetivo del oficialismo es, si hay acuerdo, realizar este viernes la convocatoria a la sesión del próximo miércoles, informaron fuentes parlamentarias.
Los proyectos que se quieren incluir
Uno de los proyectos que quiere incluir el FdT es el dictamen de producción orgánica, que tuvo un amplio consenso -aunque fue rechazado por el Pro-, que busca dar estabilidad y previsibilidad al sector por un plazo de 10 años, y contempla diversos beneficios fiscales para emprendimientos de empresas pequeñas y medianas, con lo cual ya quedó habilitado para ser debatido en el recinto de sesiones.
La iniciativa presentada por el diputado del FdT Ramiro Fernández Patri establece la creación de un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos.
El dictamen establece que podrán ser beneficiarios del plan los productores y elaboradores -alcanzados por la ley de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica- que acrediten al menos un año de permanencia y cuya factura máxima se ubique en los parámetros establecidos para las empresas medianas.
También se faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a crear un certificado promocional a los efectos de la operatividad del presente régimen.
Uno de los puntos claves referidos al financiamiento establece que la Jefatura de Gabinete podrá realizar las asignaciones necesarias para cumplir la ley por la suma equivalente a 12.500 módulos, que en la actualidad ascienden a $ 100 millones.
También se busca debatir un despacho que promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores, entre otras cuestiones.
Uno de los principales puntos del proyecto modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.
Además establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.
