La decisión del presidente Javier Milei de revocar la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la Ley del Compre Argentino ha desatado un fuerte debate. Durante su discurso televisado mediante cadena nacional, Milei justificó la derogación de estas tres leyes, señalando que eran dogmas que atentaban contra el derecho de propiedad de los individuos y que interferían en las decisiones comerciales de los empresarios argentinos.
Sin embargo, esta medida ha provocado una oleada de reacciones en todo el país, incluyendo ruidosas protestas y cacerolazos en distintas regiones. En particular, la derogación de la Ley de Góndolas y el Compre Argentino ha generado preocupación, ya que estas leyes se consideran herramientas fundamentales para impulsar el desarrollo industrial y dar espacio a las pequeñas y medianas empresas (Pyme) en los supermercados.
La Ley del Compre Argentino, vigente desde 2018, otorga preferencia a los productos de fabricación nacional en las compras públicas, fomentando así el crecimiento local y la inversión en el país. Este tipo de políticas no son exclusivas de Argentina, ya que numerosas economías mundiales implementan regulaciones similares para proteger sus mercados internos y promover sectores estratégicos a través de las compras del Estado.
Por otro lado, la Ley de Abastecimiento, creada en 1974 y modificada en 2014, ha sido utilizada en situaciones excepcionales para evitar especulaciones en la compraventa de bienes esenciales. Aunque ha sido aplicada en contadas ocasiones, durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, permitió regular precios y garantizar el abastecimiento de productos como el alcohol en gel y barbijos.
La derogación de estas leyes ha sido criticada tanto por autoridades del Gobierno como por representantes de la industria. Mientras algunos consideran que estas normativas son autoritarias y amenazantes, otros argumentan que son herramientas necesarias en momentos de excepcionalidad, aunque se utilicen de manera esporádica.
En cuanto a la Ley de Góndolas, destinada a regular la disposición de productos en supermercados para ofrecer una mayor diversidad, su eliminación podría beneficiar a los grandes monopolios, reduciendo la presencia de productos regionales o artesanales en las estanterías, especialmente en provincias como Chaco y Formosa, donde esta normativa ha propiciado la exhibición de productos locales en los supermercados.
En resumen, la decisión de derogar estas leyes ha generado un intenso debate sobre el papel del Estado en la regulación económica y la protección de sectores locales, despertando preocupaciones sobre posibles consecuencias en la competencia, el abastecimiento y el desarrollo industrial del país.
