El Gobierno ha decidido cesar los subsidios de las tarifas eléctricas para comercios, industrias y pequeñas y medianas empresas (pymes), restringiendo la asistencia estatal exclusivamente a los sectores más vulnerables.
Este cambio fue comunicado por funcionarios del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía durante la última audiencia pública dedicada a presentar los lineamientos del nuevo esquema de subsidios que entraría en vigor a partir de mayo.
Salvador Gil, representante de la Secretaría de Energía, explicó que el nuevo enfoque no contempla ningún subsidio para las actividades productivas, argumentando que subsidiar la energía mientras se mantienen precios liberados no es coherente. Esta decisión afectará al menos a 100,000 empresas, según estimaciones.
En relación con la Canasta Básica Energética (CBE), Gil indicó que solo se subsidiarán las necesidades humanas básicas y únicamente cuando sea necesario. Según adelantó el funcionario, el nuevo esquema se centrará en subsidiar directamente la demanda, ya sea a través de una transferencia directa al banco o mediante descuentos en las facturas.
Martín Vauthier, asesor en Economía, contextualizó la eliminación de los subsidios a la demanda no residencial en un escenario de recursos limitados. En este sentido, se argumenta que en procesos productivos no se puede garantizar que los beneficiarios reales sean los sectores de menores ingresos, justificando así la supresión de estos subsidios.
El impacto más significativo de esta medida se espera en los comercios y las pymes. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET revela que los últimos aumentos de tarifas ya afectaron principalmente a estos sectores. La eliminación total de los subsidios se prevé que genere un impacto adicional en la industria.
Los comercios pequeños, con una potencia de 10 KW y un consumo de 1,200 kWh/mes, experimentaron un aumento del 276% en el precio mayorista de la energía en comparación con enero. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sus facturas pasaron de $64,775 en enero a $266,213 en febrero, incluyendo impuestos.
En el caso de los pequeños usuarios industriales, con una potencia contratada de 35 KW y un consumo mensual de 6,500 kWh/mes, el incremento en el precio de la energía alcanzó el 178%, pasando de una factura de $274,875 en enero a $1,060,187 en febrero.
Ante este contexto de ajustes tarifarios y la anunciada eliminación de subsidios, el Gobierno anticipó el lanzamiento de un programa de eficiencia energética con financiamiento del Banco Mundial. Este programa tiene como objetivo proporcionar créditos a comercios y pymes para que puedan modernizar sus equipos eléctricos, logrando así una mayor eficiencia y ahorro energético.
