El Gobierno ha lanzado una segunda versión de la Ley Ómnibus que merece ser escudriñada con ojo crítico, ya que impacta directamente sobre la espina dorsal de la economía: los emprendedores. Esta propuesta de reforma fiscal, es un ataque flagrante a la estabilidad financiera de los pequeños contribuyentes, la mayoría de los cuales son monotributistas.
El paquete de medidas incluye una revisión trimestral de las escalas del Monotributo, que en realidad se traduce en un incremento desorbitado de los impuestos y aportes jubilatorios para aquellos que operan en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Además, se introduce una «opción del contribuyente» al Régimen Nacional de Obras Sociales, pero en realidad, esto solo agrega más complejidad y carga financiera sobre los hombros ya agobiados de los emprendedores.
Este aumento progresivo basado en el IPC del Indec, con un tope de facturación anual reducido a tres millones de pesos para la categoría más baja, no solo es injusto, sino que también pone en riesgo la viabilidad misma de muchos emprendimientos. Los nuevos montos del impuesto integrado mensual son simplemente asfixiantes:
– Categoría A: De $12.128,39 a $26.100.
– Categoría B: De $13.561,75 a $28.580.
– Categoría C: De $15.503,51 a $32.358.
– Categoría D: De $19.497,94 a $40.443,80.
– Categoría E: De $29.945,97 a $50.348,18.
– Categoría F: De $33.137,61 a $62.783.
– Categoría G: De $38.694,95 a $84.361,3.
– Categoría H: De $66.111,51 a $133.097,43.
Estos incrementos desproporcionados no solo afectan el bolsillo de los emprendedores, sino que también ponen en peligro la sostenibilidad de sus negocios. Muchos se verán obligados a replantearse su continuidad como emprendedores, lo que no solo tendría un impacto devastador en ellos y sus familias, sino también en la economía en general.
En lugar de fomentar el espíritu emprendedor y apoyar el crecimiento económico, estas medidas parecen diseñadas para sofocar a los más vulnerables mientras se llenan las arcas estatales. Es hora de que se denuncie esta política fiscal injusta y regresiva que amenaza con desmantelar el tejido mismo de la actividad emprendedora en el país.
