La Cámara de Diputados retomará el lunes 23 su actividad parlamentaria con el tratamiento de la veintena de temas incluidos por el Poder Ejecutivo en la agenda de sesiones extraordinarias, mientras referentes del oficialismo y de Juntos por el Cambio (JxC) intentan retomar el diálogo tras las fallidas convocatorias de diciembre pasado y en el marco del cuestionamiento opositor al proyecto de juicio político a la Corte Suprema.
La inclusión en el temario de sesiones extraordinarias -convocadas para realizarse entre el próximo lunes 23 y el 28 de febrero- del pedido de Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema, del proyecto sobre la composición del Consejo de la Magistratura y del que establece la ampliación numérica del máximo tribunal judicial pusieron en alerta a JxC.
La principal bancada opositora se niega a tratar el resto de los temas debido a lo que consideran «un ataque a la Corte y a la institucionalidad» por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con la Justicia.
Desde el sector parlamentario del Frente de Todos (FdT) sostienen, en cambio, que «la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento», y recuerdan que «en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional».
Durante las últimas semanas -previo a la presentación del pedido de juicio a los ministros de la Corte- se habían comenzado a producir algunos diálogos informales entre referentes del oficialismo y JxC, aunque sin acuerdos a la vista.
Según fuentes parlamentarias se había avanzado en algunos pedidos de disculpas recíprocos en relación a lo sucedido en la bochornosa sesión del 1 de diciembre que terminó entre gritos, insultos y hasta algún gesto obsceno entre los propios diputados.
De esa sesión surgieron pedidos de expulsiones cruzados que involucraron a media docena de diputados de ambos sectores, y que días después sumaron una presentación similar realizada por el FdT sobre Gerardo Milman (PRO) por sus supuestos vínculos con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández y por las contrataciones irregulares de numerosas asesoras en el Ministerio de Seguridad cuando se desempeñaba en esa estructura.
A la negativa de JxC a participar del resto de la agenda por estar en contra de la inclusión de los temas relacionados con la Justicia respondió el oficialista Eduardo Valdés: «Dicen que se van a sentar en la Comisión de Juicio Político, pero porque nosotros hacemos el juicio político no se van a sentar para el resto de los temas. Hay una incongruencia. Parece que necesitan ser los abogados de los jueces de la Corte».
