El Gobierno pagará con bonos del Tesoro a CABA y pedirá una revocatoria

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que pagará con bonos del Tesoro a la ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la medida cautelar emitida por la Corte Suprema de Justicia, a la vez que ratificó que presentará un pedido de revocatoria de la resolución y recusará a los miembros del alto tribunal.

El jefe del estado instruyó a la Jefatura de Gabinete para que «reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA» y anticipó que «se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos».

«Dicha transferencia -refirió Fernández- comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o de una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes».

Sobre este punto, indicó que los bonos consignados «ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe» y añadió que, «siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda».

La decisión de acatar el fallo, que convalida en los hechos un aumento de los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires, fue comunicada por el Presidente el lunes a través de la red social Twitter.

 

«Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional», comenzó escribiendo el jefe de Estado.

La Corte Suprema dispuso el miércoles último que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el costo del traspaso en 2016 de la Policía Federal.

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