Tras la aprobación en Diputados, el Senado de Mendoza debate este martes el paquete de proyectos económicos que envió a la Legislatura: avalúo, impositiva y Presupuesto 2023. Desde el peronismo adelantaron que no acompañarán las iniciativas en general, pero sí le darán los votos positivos al oficialismo para el endeudamiento que pidió Rodolfo Suarez para cuatro obras, tal como procedió esa fuerza en la cámara baja semanas atrás.
De este modo, el Ejecutivo obtendrá la autorización legislativa para salir a buscar crédito por 210 millones de dólares para el máster plan de agua potable del Gran Mendoza, y por 18.055 millones de pesos (actualizables por el Índice de Costo de Construcción) para la ampliación del Metrotranvía ($8.070 millones), el acueducto Monte Comán/La Horqueta ($4.048 millones) y la doble vía de Acceso a Junín, Rivadavia y San Martín ($5.937 millones).
En los días previos al dictamen de comisiones del expediente, el vicepresidente del bloque de Frente de Todos, Alejandro Bermejo, elevó una propuesta que fue –en principio- descartada por el radicalismo.
Se trata de la incorporación de un artículo similar al incluido en el presupuesto 2023 que debate el Congreso, que prevé el envío de un plan de gastos complementario para el cuarto trimestre, si al 31 de agosto la inflación acumulada sobrepasa en un 10% la meta anual establecida por la norma nacional (60%), o si los ingresos del sector público provincial superaran en el mismo porcentaje lo previsto para el periodo acumulado.
Igualmente, el oficialismo cuenta con los votos propios para sacar los proyectos sin el respaldo opositor. El interés del Gobierno se situaba en la autorización para tomar crédito, para lo cual sí requiere la adhesión de los dos tercios de la Legislatura, que logró tras negociar con el PJ tanto dentro como fuera del parlamento.
Externamente, el encargado de encauzar el diálogo fue el propio gobernador Rodolfo Suarez, quien días antes del tratamiento del presupuesto se comunicó con tres de los seis intendentes del PJ (Emir Félix, de San Rafael; Roberto Righi, de Lavalle; y Matías Stevanato, de Maipú), con el fin de llegar a un consenso que destrabe el financiamiento de la obra pública, que beneficiaba a sus territorios.
