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Más de dos años después de que el Estado ingresara a IMPSA, la provincia ha confirmado su intención de salir de la compañía y vender su participación estatal. Mendoza posee el 21,2% de las acciones, adquiridas por 5 millones de dólares, mientras que el accionista mayoritario es el Gobierno Nacional con el 63,7%, aportando 15 millones de dólares. El 15,1% restante está en manos de inversores privados: el 9,8% pertenece al fideicomiso de acreedores y el 5,3% al fideicomiso de la familia fundadora.
La decisión de buscar socios y cotizar en bolsa, tomada durante la asamblea en abril de este año, ya había generado especulaciones sobre qué acciones se ofrecerían en primera instancia. Se había especulado que se venderían las acciones de Clase C, pero en ese momento la compañía informó que el proceso se había iniciado y que la asamblea aún debía determinar los detalles sobre las acciones a vender, entre otros aspectos.
«La venta de las acciones se acordó desde el primer día de ingreso. Fue una condición para el ingreso. Esto involucró varias etapas: la primera era ingresar porque la empresa no podía pagar los sueldos. El segundo punto era que no podíamos invertir todos los fondos que el gobierno nacional requería; la Nación nos proporcionó la mitad. El tercer punto era administrar la empresa de manera profesional, sin contratar personal innecesario. Y el cuarto punto se refería a cómo recuperar la empresa, obtener contratos y, una vez logrado eso, vender nuestras acciones», declaró Enrique Vaquié, ministro de Economía de la provincia, a Los Andes.
Vaquié repasó la situación de la empresa y afirmó que la obtención de contratos les está permitiendo realizar inversiones y recuperar el ritmo perdido. Además, aseguró que el objetivo principal es recuperar los contratos con clientes internacionales, que han sido pilares sólidos de la empresa.
EL PROCESO ES LARGO
En la reciente asamblea celebrada el 28 de abril, los accionistas de IMPSA autorizaron al Directorio a solicitar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la entrada de la empresa al régimen de oferta pública de acciones. Es importante destacar que IMPSA ya formaba parte del régimen de oferta pública de Obligaciones Negociables.
Esta decisión por parte de los accionistas, según explicó la compañía, confirma lo establecido durante la capitalización de la compañía, donde se dejó claro que en algún momento las acciones de IMPSA cotizarían en bolsa. El objetivo original de la capitalización era que, una vez que la empresa estuviera en orden, sus acciones pudieran cotizar en el mercado, afirmó el comunicado.
«Este proceso de venta lleva al menos un año, ya que en primer lugar se debe ofrecer las acciones a los acreedores de la empresa, es decir, aquellos que deseen convertir sus deudas en acciones. Si todos aceptan, el proceso finaliza en ese punto. Sin embargo, si quedan acciones sin ser tomadas por los acreedores, es necesario salir a venderlas, lo cual lleva al menos un año en completarse. Pero todo esto está establecido desde el principio», afirmó el ministro Vaquié.
REDUCIENDO LAS PÉRDIDAS
En mayo, IMPSA presentó ante la CNV los estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2023. El resultado antes de impuestos arrojó una ganancia de 2.619 millones de pesos para la empresa, casi cuatro veces más que los 540 millones de pesos registrados en el mismo período del año anterior. Sin embargo, el cálculo del impuesto a las ganancias y el ajuste por inflación impositivo revirtieron la ganancia, llevando el resultado final a una pérdida de 2.190 millones de pesos.
Según Vaquié, el balance no refleja el estado real de la empresa. Desde la capitalización, no se ha invertido más dinero en IMPSA. Además, destacó que la empresa continúa siendo gestionada por el mismo equipo profesional de siempre y que no se ha contratado a ninguna persona adicional desde la capitalización, excepto para el área de tecnología o proyectos.
Es importante destacar que la empresa ha estado reduciendo las pérdidas trimestre tras trimestre y con nuevos contratos se estima que podría alcanzar números positivos nuevamente para fines de este año.
De hecho, durante el primer trimestre del año, IMPSA firmó nuevos contratos y continuó desarrollando diversos proyectos relacionados con la generación de energía renovable y el diseño y fabricación de equipos para la industria de procesos y la energía nuclear. Entre ellos, destaca la construcción de un parque solar en San Juan y un estudio de ingeniería avanzada sobre las turbinas de la Central Hidroeléctrica Santo Antonio en Brasil, con el objetivo de determinar las causas de las fallas en las turbinas y proponer soluciones para implementar en las 50 unidades de la central. Esto se considera un reconocimiento a la tecnología de IMPSA y marca su regreso a Brasil, el mercado de energía renovable más grande de América del Sur, según indicaron desde la empresa.
DE LA FAMILIA PESCARMONA AL ESTADO
Aunque la empresa fue «rescatada» por el Estado Nacional y el provincial en 2021, las dificultades en IMPSA se remontan a varios años atrás. Entre 2010 y 2014, la compañía enfrentó problemas importantes, ya que durante ese período no pudo cobrar sumas significativas de dinero por proyectos energéticos en Brasil y Venezuela. Además, pasó por un largo período sin proyectos importantes.
La crisis para Impsa llegó con el colapso de su subsidiaria en Brasil, Wind Power Energy (WPE), que acumuló una deuda total de 850 millones de dólares, sumándose a los 250 millones de dólares que ya tenía la empresa. Esta situación fue tan grave que Impsa no pudo cumplir con sus obligaciones y se vio obligada a iniciar un proceso de reestructuración en 2014. Después de varios años de negociaciones, se llegó a un acuerdo para transferir el 65% de las acciones de Impsa a bonistas, bancos y organismos internacionales. Este proceso fue aprobado en octubre de 2017 y finalmente se concretó el 25 de abril de 2018.
En noviembre de 2020, Impsa reestructuró su deuda, acordando con los acreedores cancelar los pasivos con un período de gracia hasta 2025
Además, se logró una reducción significativa de los intereses al 1,5% y los pagos de capital comenzarán en 2028.
