El Gobierno nacional ha manifestado su intención de implementar un bono salarial para los empleados de empresas privadas a través de un decreto. Esta medida tiene como objetivo mitigar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores, pero ha generado un amplio rechazo por parte de diversos grupos empresariales.
Mariano Guizzo, quien lidera ASINMET (Asociación de Industriales Metalúrgicos), expresó su opinión al respecto. En sus declaraciones, señaló: «Hemos escuchado las opiniones de la UIA y de Adimra, de la cual somos miembros. Compartimos la misma perspectiva». Las cámaras empresariales consideran que este tipo de decisiones carecen de oportunidad y que los mecanismos apropiados para abordar este tema son las comisiones de política social y las negociaciones salariales.
Guizzo destacó que es fundamental mantener la continuidad de las negociaciones junto a los sindicatos y cámaras empresariales para lograr acuerdos que brinden estabilidad en el largo plazo. Romper estos acuerdos en busca de soluciones inmediatas para contrarrestar la inflación podría tener consecuencias económicas adversas, generando incluso más inflación.
El rechazo al bono salarial impulsado por decreto por parte del Gobierno es contundente. Guizzo sostiene que abordar la inflación mediante un aumento fijo no resuelve el problema de fondo, sino que más bien podría agravarlo al interrumpir los acuerdos salariales previamente establecidos.
El sector empresarial se enfrenta a dificultades que afectan la producción, como restricciones en la compra de divisas debido a diferentes niveles de cepo. Guizzo resalta que, aunque es necesario impulsar la producción local, algunas importaciones son esenciales para añadir valor a la industria. La prioridad debería ser destinar los escasos recursos en dólares a actividades productivas que impulsen la exportación y la sustitución de importaciones.
En medio de esta situación, Guizzo enfatiza la importancia de mantener un diálogo constructivo y evitar intervenciones que no sigan los canales normales. Señala que, si bien es comprensible la complejidad de la coyuntura, abordar la informalidad laboral y reducir la inflación requeriría medidas de mayor alcance que un simple aumento fijo.
En cuanto a la situación en Mendoza, Guizzo resalta los desafíos en términos de empleo privado de calidad y llama a la colaboración entre el sector político, empresarial y sindical para encontrar soluciones efectivas.
Concluye manifestando su preocupación sobre el impacto diferenciado que podría tener el decreto del Gobierno, especialmente en las pymes con pocos empleados. Hace hincapié en la necesidad de considerar las implicaciones a nivel contractual y presupuestario. Finalmente, espera que cualquier medida se aplique con lógica y razonabilidad para garantizar el bienestar económico a largo plazo.
