En un contexto socioeconómico cada vez más desafiante, el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC) emergen como pilares fundamentales de la estructura productiva y social de Mendoza. La reciente decisión gubernamental de retirar su financiamiento a estas instituciones no solo amenaza su existencia, sino que pone en riesgo la estabilidad y el progreso de sectores clave para el desarrollo regional.
El IDR, custodio del arraigo y la sostenibilidad rural desde 1998, cumple un rol crucial en la generación y difusión de información vital para la agricultura mendocina. Sus pronósticos de cosecha y relevamientos de precios en el mercado mayorista son herramientas indispensables para la planificación y toma de decisiones en toda la cadena productiva. La pérdida de esta fuente confiable de datos impactaría negativamente en pequeños y medianos agricultores, comprometiendo la estabilidad económica de las familias rurales y el desarrollo sostenible de la agricultura.
Por su parte, el IDC, institución público-privada creada en 2006, se ha consolidado como un motor del desarrollo comercial en Mendoza. A través de herramientas, programas y un observatorio de comercio, brinda a los comerciantes locales acceso a información, capacitación y apoyo que de otro modo serían inaccesibles. Programas como «Fortalecimiento Institucional para el Impacto en el Desarrollo Regional y Pymes», «Mendoza Escala» y «Mendoza Semilla» han demostrado su eficacia en el impulso de la economía regional, beneficiando a miles de empresas y emprendedores.
La decisión de desfinanciar estas instituciones, justificada por un supuesto ahorro de 1.700 millones de pesos, refleja una visión cortoplacista que prioriza la reducción de costos sobre la inversión a largo plazo. Si bien el gobierno promete asumir algunas de sus funciones a través de proyectos específicos, la metodología de trabajo por proyectos podría comprometer la estabilidad y continuidad que el IDR y el IDC han brindado durante años. La calidad de la información y el apoyo ofrecidos podrían verse afectados, perjudicando a productores y comerciantes que dependen de ellos.
Es imperativo reflexionar sobre la importancia de estas instituciones en el desarrollo regional. No son meros gastos burocráticos, sino pilares que sostienen sectores vitales de la economía mendocina. La información, capacitación y apoyo que brindan son insustituibles, y su desaparición tendría efectos devastadores en la agricultura y el comercio local.
En tiempos de crisis, la eficiencia en el uso de recursos es crucial, pero no debe confundirse con la eliminación de estructuras esenciales para el desarrollo sostenible. Los gobiernos tienen la responsabilidad de mantener y fortalecer estas instituciones, garantizando que las comunidades rurales y comerciales cuenten con las herramientas necesarias para prosperar.
El desfinanciamiento del IDR y el IDC no es solo un golpe a estas instituciones, sino a la comunidad mendocina en su conjunto. Es un retroceso en el desarrollo que podría tener consecuencias duraderas y negativas. Por ello, es fundamental reconsiderar esta decisión y buscar alternativas que permitan la continuidad y fortalecimiento de estos organismos esenciales.
